El Gobierno nacional puso en marcha el relanzamiento de la licitación para la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial más importante para las exportaciones argentinas. El nuevo pliego, que se publicará hacia fines de este año, estará sujeto a auditorías de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con miras a adjudicar la concesión en el primer semestre de 2026.
La iniciativa llega tras la anulación del proceso anterior, en febrero pasado, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia. El objetivo actual es impulsar un modelo abierto, competitivo y fiscalizado, con participación activa de diversos sectores públicos y privados.
Claves del nuevo esquema licitatorio
La concesión tendrá una duración de 20 años, en lugar de los 30 originalmente previstos. Se mantendrá la exclusión de empresas estatales extranjeras —lo que deja fuera a compañías chinas, entre otras— y se confirmará un tope tarifario que no podrá superar los valores actuales.
El modelo adoptado es 100% privado: las tareas de dragado, el cobro del peaje y la operación estarán a cargo de compañías privadas, mientras que el Estado se reservará funciones de control mediante una mesa de inspección integrada por usuarios, autoridades provinciales, Prefectura Naval y otros actores.
Las mesas técnicas para el diseño del pliego ya se llevaron a cabo en Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, y se replicarán en Paraná y Chaco o Corrientes. Participan entre 80 y 100 representantes de puertos, cámaras empresarias, universidades y sectores vinculados al comercio exterior.
Uno de los ejes técnicos más debatidos es la redefinición de los anchos de canal y las zonas de sobrepaso, en base a informes que identifican los tramos críticos por sedimentación.
Importancia económica y situación financiera
La Hidrovía recorre más de 1.200 kilómetros desde la confluencia hasta el océano, siendo el canal por donde se transporta cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites. Representa un flujo de comercio estimado en 28.000 millones de dólares anuales.
En paralelo, continúa sin resolverse la deuda de 78 millones de dólares con la empresa Jan de Nul, que inicialmente debía asumir el nuevo concesionario. Actualmente está siendo administrada por la Administración General de Puertos (AGP), mientras se estudia un esquema que garantice neutralidad de cara a los futuros oferentes.
Tras las mesas de trabajo de julio y agosto, se prevé realizar una audiencia pública. Las empresas interesadas en participar —se estiman entre cuatro y cinco dragadoras internacionales— tendrán entre 60 y 90 días para presentar sus propuestas.
Con este rediseño, el Gobierno busca garantizar una concesión eficiente, moderna y transparente, capaz de reducir costos logísticos y asegurar el funcionamiento estratégico de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.
